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Ecuador: 30 de septiembre de 2010 (página 2)




Enviado por Arturo Clery



Partes: 1, 2

Sin embargo, Castro, comandante de la brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, no precisó el número de víctimas que se registró entre unos 555 militares que participaron en el operativo.

Previamente, Correa dijo en un discurso ante cientos de simpatizantes que al menos un policía murió y que cinco soldados leales habrían resultado con heridas al enfrentarse a tiros con los insubordinados.

El oficial señaló que a pesar de la balacera "logramos abrir un camino e ingresar al hospital para poder rescatarle a nuestro presidente", quien denunció haber sido secuestrado luego de ingresar al sanatorio al ser agredido por policías cuando intentó sofocar el levantamiento en un cuartel vecino.

Castro indicó que "nosotros no hemos procedido a detener a nadie. Nuestra misión fue cumplida, el rescate del señor presidente".

Grupos de policías y militares se insubordinaron el jueves en
rechazo a una ley gubernamental aprobada por el Legislativo el miércoles,
que reducirá determinados beneficios económicos de los miembros
de la fuerza pública. (AFP)

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Publicado el 30/Septiembre/2010 | 13:40

El presidente Rafael Correa afirmó hoy que el Congreso conspiró para intentar dar un golpe de Estado, poco antes de denunciar que un grupo de uniformados intentara entrar en la habitación del hospital en la que se encontraba.

"El problema es que el Congreso conspira (…) engañando (…) tratando de dar un golpe de Estado", dijo Correa en una entrevista con la televisión ecuatoriana desde el hospital, al que fue trasladado tras ser agredido en un cuartel al que fue a hacer frente a las demandas de los uniformados. Poco después, Correa explicó: "están tratando de introducirse aquí, a mi habitación, por medio de los techos estos policías en rebelión", dijo el mandatario a la radio pública.

"Si algo me pasa, la responsabilidad es de ellos. Yo solo quiero decirles que mi amor por la patria es infinito y que donde esté siempre amaré a mi familia", agregó.Decenas de policías tomaron varios regimientos en las tres principales ciudades del país –Quito, Guayaquil y Cuenca-, un día después de que la mayoría oficialista aprobara una ley que regulará el servicio público y les quita beneficios. Paralelamente, unos 150 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) tomaron la pista del aeropuerto internacional de Quito, a raíz de lo cual fueron suspendidas las operaciones aéreas.

El gobierno había anunciado horas antes que el presidente consideraba la posibilidad de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas, luego de que su bloque legislativo rechazara parcialmente la ley en cuestión.Correa ingresó al hospital policial en una camilla y mostrando signos de asfixia por gas lacrimógeno, tras salir del principal regimiento policial de Quito, a donde se dirigió a intentar sofocar la protesta.(AFP)

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Publicado el 30/Septiembre/2010 | 20:25

Cerca de las 18H00 de Ecuador concluyó la protesta policial tras horas de negociación sostenidas entre los policías líderes de la sublevación y el presidente Rafael Correa, Ricardo Patiño, canciller de la república y César Rodríguez, asambleísta de AP.

El canciller Ricardo Patiño y el asambleísta César Rodríguez, ofrecieron declaraciones a la prensa indicando que tras dialogar con la comisión policial, representante de las protestas, pudieron darles a entender que las medidas de eliminación de bonos y condecoraciones sirven para asignar presupuesto a la construcción de obras, entre ellas, viviendas, que son de beneficio de los ecuatorianos, incluidos los miembros de la fuerza policial.

Esto sucedió a las 18H00, tras una tarde de enfrentamiento entre ciudadanos a favor del presidente contra policías que arremetieron con gases lacrimógenos contra cientos y poco a poco, miles de personas que se agolparon a las afueras del Hospital de la Policía, en donde el presidente fue llevado tras ser agredido por gendarmes en el regimiento Quito.

Patiño recalcó que el presidente jamás cedió ni firmó ningún acuerdo para que la fuerza policial depusiera la medida.

Al momento ya no hay lanzamiento de bombas lacrimógenas pero los manifestantes mantienen su presencia en las afueras del Hospital de la Policía y en frente de este, en el Hospital Metropolitano, coreando consignas de apoyo a Correa, entre las que se repite "no nos vamos sin el presidente".

El presidente sigue en el 3er piso del Hospital de la Policía y se ha señalado que en las próximas horas saldría tras impedir que se lleve a cabo el operativo de las Fuerzas Armadas que lo iba a rescatar pues según habría indicado el primer mandatario, la intención es calmar la situación y no empeorarla.

Los policías que ocupaban las afueras del hospital, se encuentran en grupo en los exteriores del regimiento Quito bloqueando la av. Mariana de Jesús. Aunque la medida se ha depuesto, algunos gendarmes permanecen en el hospital de la Policía así como el presidente Correa que pese a contar con resguardo del GOE, no ha abandonado la casa de salud. (AE)

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Publicado el 30/Septiembre/2010 | 13:50

Decenas de simpatizantes se movilizan hacia un hospital donde se refugió el mandatario tras ser agredido con gases lacrimógenos por policías y militares rebeldes, constató la AFP.

"Vayamos juntos a rescatar al presidente, que está en el hospital de la Policía", había dicho Patiño en una arenga a una muchedumbre de simpatizantes del gobierno congregada frente al palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

Portando el pabellón de Ecuador y banderas de Alianza País -el partido de Correa- los seguidores salieron desde el Palacio de Carondelet, para rescatar al presidente, quien denunció por la radio un intento de golpe de Estado.

"Abajo el golpe de Estado, abajo los enemigos del pueblo", gritaban los partidarios mientras se dirigían al hospital, en el norte de la capital, en el que se refugió Correa tras ser agredido por policías que tomaron el principal regimiento de la institución en Quito y otros cuarteles en varias ciudades del país.

La clínica permanecía rodeada por policías que se rebelaron contra una ley que derogó varios beneficios económicos de que gozaban los miembros de esa institución, así como los militares. Unos 150 efectivos de la Fuerza Aérea, en tanto, mantenían tomada la pista del aeropuerto internacional de Quito. (AFP)

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Jueves, 30 de Septiembre de 2010 – 15:12

EFE

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló hoy que ha habido un intento de golpe de Estado en el país, donde reina la incertidumbre debido a la crisis que estalló después de que policías y militares de tropa iniciaron una protesta.

"Es un intento de golpe de Estado de la oposición y son ciertos grupos enquistados en Fuerzas Armadas y Policía que siempre estuvieron, básicamente el grupo de Sociedad Patriótica", dijo a la Radio Pública en referencia al partido político del ex presidente Lucio Gutiérrez.

De su lado, Gutiérrez, quien gobernó entre enero de 2003 y abril de 2005, rechazó hoy en declaraciones a Efe desde Brasilia estar tras la crisis que se desató por la protesta de la tropa en rechazo a la eliminación de incentivos profesionales.

El jefe de Estado ecuatoriano pidió tranquilidad a la ciudadanía, mientras que su Gobierno declaró el estado de excepción.

Correa pidió superar lo más rápidamente la situación y aseguró que se sancionará "a los malos elementos".

"Lo más que tengo que perder en esto es la vida y la perderé gustoso para sacar adelante a la patria y que nunca más vuelvan a ocurrir estas barbaridades", señaló el jefe de Estado a la Radio Pública desde el hospital de la Policía, donde se encuentra atrapado, mientras varios manifestantes están fuera de esas instalaciones.

El jefe de Estado aseguró que ya ha recibido apoyo internacional y recalcó que no permitirá "que aquí se quebrante el orden constitucional".

"El proceso de revolución ciudadana nada ni nadie lo va a poder parar", insistió y señaló que desconoce si la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que él preside temporalmente, se reunirá para tratar el tema de la crisis ecuatoriana.

El jefe de Estado dijo que tiene informes de que "están tratando de introducirse aquí a mi habitación por medio de los techos estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad es de ellos, yo sólo quiero decirle que mi amor por la patria es infinito y donde esté siempre amaré a mi familia", comentó.

"Yo sabía que estos eran los riesgos y que valía la pena", señaló al reiterar que no claudicará.

Correa comentó que se analiza "muy seriamente" la posibilidad de aplicar la llamada muerte cruzada por la que puede disolver el Parlamento y llamar a elecciones presidenciales anticipadas.

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Viernes 01 de octubre del 2010

QUITO

Sublevación policial

Policías decididos y alterados y un presidente de la República, Rafael Correa, desafiante fueron el corolario de la revuelta policial que se registró ayer en el Regimiento Quito Nº 1.

La protección y operativos policiales que la ciudadanía se acostumbró a ver cuando el Jefe de Estado asistía a un acto público esta vez se convirtieron en insultos, agresiones y violencia contra el que hace pocos días fue blanco de protección. La revuelta y toma del regimiento empezó cerca de las 08:00 y de inmediato la información llegó a Carondelet.

Tras una serie de reuniones con sus colaboradores, como el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, y el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, Correa decidió ir al Regimiento a enfrentar y a desmentir los presuntos perjuicios de la Ley de Servicio Público a la institución. "Intentamos pedirle al Presidente primero conocer cuál era la situación real de los hechos para tomar una decisión, pero él ya lo decidió", dijo un funcionario presidencial.

Y así el Mandatario arribó al Regimiento. Ni los insultos, ni gritos, ni las negativas de los manifestantes, acompañados por una bomba lacrimógena, persuadieron a Correa en su intento de entrar al recinto.

La tropa reclamó por la eliminación de las condecoraciones y bonos por años de servicio. Aunque ante los amotinados, Correa resaltó las obras que el régimen hizo en beneficio de los gendarmes. Recordó el incremento a sus salarios, la dotación de armas, mejoras en sus condiciones de trabajo. Pero esas palabras en vez de calmar los ánimos aumentaron la beligerancia y los gritos de: "No lo escuchen a este mentiroso", "abajo el Presidente", "queremos nuestros bonos".

El punto más complicado ocurrió cuando un grupo de manifestantes reiteró: "Lucio presidente", lo que molestó aún más al Mandatario, quien se abrió la camisa y corbata y advirtió a la tropa amotinada: "Mátenme si tienen valor (…). Acaban de nombrar a Lucio Gutiérrez (la tropa), para que vean de dónde vienen estas cosas". Esa beligerancia se reflejó durante el intento de Correa de abandonar el recinto policial. Pese a convalecer de su operación en la rodilla, Correa –acompañado por unos diez miembros de su seguridad– intentó sin éxito caminar hasta un patrullero para salir. El Jefe de Estado calificó el hecho como una "traición a la Patria" y justificó la decisión de suspender los bonos y canastas navideñas, debido a que eso es parte del incremento salarial.

A partir de ese momento el caos y la violencia se tomaron el lugar. Los gases lacrimógenos se lanzaron a cada instante para impedir el trayecto que hizo Correa por más de 30 minutos. Los insultos no pararon e incluso se produjeron intentos de golpear al Mandatario y su equipo de seguridad, pese a que el ministro Jalkh comunicó a los uniformados su intención de dialogar.

Correa –protegido por una máscara– cedió a los gases y en más de una ocasión estuvo a punto de desvanecerse. Los momentos más críticos se produjeron cuando uno de los manifestantes pateó la rodilla derecha del Presidente y cuando una bomba estuvo a punto de golpearle el rostro.

Esos desmanes también produjeron riñas internas entre los policías. "Estoy de acuerdo con la defensa de nuestros derechos, pero no (con) estos hechos que desprestigiarán a la institución, porque son manipulados por la cúpula", dijo un uniformado. La seguridad presidencial –no más de seis escoltas– llevó a Correa al hospital de la Policía, donde recibió asistencia médica y permaneció por horas ante la imposibilidad de salir por el rechazo de al menos 300 uniformados que se apostaron en las afueras a impedirlo.

Entonces dijo a la televisión pública que hay una conspiración en contra de su gobierno, en la que estarían involucrados sus propios compañeros asambleístas. "Con dolor tengo que decirlo: no solo de la oposición, son compañeros nuestros, muchas veces fruto de indecisiones y dilaciones, de no comunicar bien las cosas". Tras ello aseguró que piensa muy seriamente en aplicar el mecanismo de la "muerte cruzada".

Tras momentos de calma volvió el alboroto por los rumores de rescate al Mandatario y la actitud de algunos policías, quienes impidieron el trabajo de la prensa y agredieron con gas pimienta a tres periodistas.

Pasadas las 13:30, la noticia de que simpatizantes de Alianza PAIS llegarían al hospital alteró a los amotinados, que de inmediato, con radios en mano, intentaron armar su estrategia.

Su principal temor siempre fue la participación de miembros del Ejército. Las primeras bombas por parte de los uniformados se lanzaron cuando por la avenida Mariana de Jesús llegaron los primeros oficialistas. Otra vez volvieron los enfrentamientos y también aparecieron los primeros heridos: más de una veintena de asfixiados.

Un policía fue atropellado por un camión de Correos del Ecuador cuando este fue atacado con piedras y palos.

Pasadas las 18:00, el Presidente volvió a pronunciarse desde el hospital, a través del estatal Ecuador TV. Dijo que se sentía secuestrado. Y comentó que una fuerza especial del Ejército a esa hora tenía un plan para rescatarlo y llevarlo a Carondelet, pero él no lo autorizó. Según los médicos, él estaba en buen estado pese a las contusiones y afectaciones por el gas lacrimógeno y en la rodilla operada.

Las peticiones: De los policías

1. Que se deroguen disposiciones de la Ley de Servicio Civil por la que se elimina el derecho a percibir las condecoraciones y bonificaciones de la fuerza pública.2. Que se mantenga el sistema de condecoraciones por el tiempo de servicio y méritos.3. Mantener las bonificaciones por ascensos, las que deberán ser equitativas entre los oficiales y el personal de tropa.

4. Que se mantenga el sistema de seguridad social y cesantía, cuyos pagos no deberán ser en bonos, sino en efectivo

5. Que no existan represalias administrativas ni judiciales por el reclamo de derechos.6. Que las investigaciones o procesos judiciales iniciados contra los policías, derivados del ejercicio profesional, sean justos, equitativos y con respaldo institucional.7. Dar mayores garantías para ejecutar los procedimientos policiales y hacer respetar sus derechos humanos.

8. Que se mejoren las condiciones laborales, esto es el horario de servicio, plazas de trabajo y estabilidad laboral.

9. Que se revisen y se mejoren las condiciones salariales actuales del personal en servicio pasivo.

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Viernes 01 de octubre del 2010

En rescate presidencial con sonidos de metralleta y fusil, que fue visto en vivo por la señal de televisión privada, mantuvo en vilo anoche a los ecuatorianos.

Pasadas las 21:00, comandos militares ingresaron al Hospital de la Policía para sacar al presidente Rafael Correa, quien estuvo allí 11 horas, sin garantías suficientes para salir tras una tensa jornada de sublevación de policías a nivel nacional.

Los gendarmes se paralizaron molestos por la supuesta afectación a sus ingresos que, dicen, les causa la vigencia de la Ley de Servicio Público.

Pese a que informes previos dados al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, hablaban de que el rescate dejó 3 muertos y decenas de heridos, hasta el cierre de la edición solo se pudo confirmar la muerte de un policía del GOE: Froilán Jiménez.Fue un caótico día con escenas inusitadas: policías encendiendo llantas y cerrando vías, gendarmes pifiando al Mandatario y lanzándole gases lacrimógenos, y uniformados que arrojaban objetos e impedían, con empujones y golpes incluso al mismo Correa, su salida.Correa dijo sentirse secuestrado. Tras su rescate, arengó a sus seguidores en Carondelet.

MorenoEl vicepresidente  Lenin Moreno se quedó en Guayaquil al cerrarse el aeropuerto de Quito. Él volvía desde Nueva York, tras participar en la ONU.

DenunciaUna arremetida en el edificio de los Medios Públicos fue denunciada por sus presentadores, quienes dijeron haber sido atacados por policías vestidos de civil.

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Martes 12 de octubre del 2010 Cine y TV

Natalia Tamayo -ntamayo@eluniverso.com | Crítica de tv

Descifrar los sucesos del 30-S ha sido el camino por el que han transitado las noticiarios matutinos del 1 al 8 de octubre.

Cuarenta y nueve de 54 entrevistas realizadas en las estaciones Ecuavisa, Teleamazonas y Gamatv han abordado el tema. Han hablado, preferentemente, personajes interesados en confirmar o descartar el relato gubernamental de ese día. El 30 de septiembre ocurrió. Las imágenes lo comprueban. ¿Cómo ayudar a los televidentes a leer la complejidad de los hechos?

Analizar desde una perspectiva histórica el rol de la institución policial, la reforma estatal que está ocurriendo, el comportamiento de las masas sin una fuerza de contención, la psicología social que mueve a grupos o individuos en el país, presupone invitar a personas alejadas de alguna vinculación política que puedan ofrecer diversas miradas a los acontecimientos.

Quizá allí tengamos un poco más claras las causas que originaron ese lamentable jueves, sus efectos y los escenarios a los que podríamos vernos abocados.

Como sociedad tenemos el deber de reflexionar sobre lo sucedido. Procesar los mensajes. Repasar las lecciones. La televisión es una de las esferas que pueden contribuir para que cada uno, desde su casa, elabore su propia interpretación.

Es un reto condensar tanto en tan poco tiempo. Esa necesidad la llenaban, de alguna manera, los programas de opinión de los domingos. Pero esos ya no están al aire.

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Domingo 17 de octubre del 2010

Asamblea prefiere no investigar los hechos del 30 de septiembre

QUITO

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Al oficialismo le bastó con aprobar una resolución que indique que hubo una intentona golpista y un secuestro al presidente Rafael Correa para dar por terminado su accionar frente a los hechos del 30 de septiembre pasado.Para hacer estas afirmaciones –reforzando la tesis del Gobierno– en el documento que fue aprobado con 62 votos el pasado jueves, el oficialismo no vio la necesidad de llamar a comparecer a ningún ministro o jefe de la Fuerza Pública y tampoco esperó a que la Fiscalía termine los procesos de investigación.

A lo que llegó el oficialismo es a recibir a dos personalidades internacionales que estaban de acuerdo con la tesis del "golpismo": el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

Ante esto, Cynthia Viteri (MG) pidió el cambio del orden del día para que la Asamblea pida que comparezcan desde el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, y explique quién le propuso asumir la Presidencia, hasta los ministros.Además, al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, para que señale si hubo o no negociaciones pacíficas antes de la incursión militar al Hospital de la Policía; al ministro de Defensa, Javier Ponce, para que informe por qué las Fuerzas Armadas no salieron a precautelar la seguridad una vez que conocieron que la Policía se había sublevado; y al Canciller con otros ministros y asambleístas, para que informen cómo pudieron entrar al Hospital de la Policía "si supuestamente el Presidente estaba secuestrado".

La oposición perdió con 56 votos este pedido y Rolando Panchana (PAIS) justificó que el oficialismo no haya dado los votos para esto bajo el argumento de que era "ilegal", porque no respetaba procedimientos establecidos en la Ley.

"Se pretendió, vía resolución, saltarse todo el procedimiento, entre comillas porque necesitamos investigar algo", dijo Panchana, al señalar que cualquier comisión y cualquier asambleísta puede iniciar el procedimiento de investigación.

Hasta hoy ningún asambleísta de PAIS, ni de las once comisiones ha señalado comparecencias o suma de documentación sobre este caso, habiendo transcurrido ya 16 días desde el 30 de septiembre.

Ángel Vilema (PAIS) explica que ellos (los oficialistas) prefieren esperar a que primero salga una investigación de la Fiscalía para tomar alguna decisión como bloque en cuanto a sanciones y que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) será el encargado de investigar lo que ocurrió en la toma de la Asamblea. Pero, aunque se determinen responsabilidades en el CAL, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite destituciones en estos casos; las sanciones van desde amonestaciones escritas hasta multas.

La oposición, aparte del pedido fallido de Viteri, anunció que desde la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Luis Morales (Prian), y con mayoría de oposición, iniciará pedidos de comparecencias para esclarecer la revuelta policial.Morales indicó que la Constitución da a la Asamblea la garantía de poder fiscalizar y "es evidente que en este caso no se ha dicho toda la verdad".

Andrés Páez (ID) coincide en que el 30 de septiembre, siendo un acontecimiento político excepcional, no lo debe investigar ni el oficialismo ni la oposición ni una comisión mixta en la Asamblea, porque de lo que se trata es de que se esclarezcan los hechos, no de que existan dos versiones y, por ello, sugiere que sea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas el que haga una investigación imparcial.

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Martes, 19 de Octubre de 2010 – 13:30

EFE

Policías encausados por sublevación afrontan penas de
4 a 12 años de prisión

Los 33 policías procesados por la sublevación policial del 30 de septiembre, así como tres civiles, se enfrentan a penas de 4 a 12 años de cárcel, dependiendo de su responsabilidad en los hechos, informó hoy la Fiscalía.

Hasta ahora se han presentado cargos contra 32 agentes por rebelión e intento de magnicidio, y contra otro por bloquear el acceso a la Asamblea Nacional el día de la sublevación, según informó a Efe una fuente de la Fiscalía.

Los agentes sublevados tomaron instalaciones de instituciones públicas, incluido el aeropuerto de Quito, y retuvieron al mandatario Rafael Correa, que acudió al lugar donde estaban congregados, en el Hospital Policial de Quito por más de nueve horas el 30 de septiembre.

Aparte de estos procesos judiciales, la Policía Nacional ha abierto un expediente a 104 agentes, que se enfrentan a posibles sanciones administrativas.

Los civiles procesados son el ex coronel Fidel Araújo, miembro del Partido Sociedad Patriótica (PSP) y cercano al líder de este partido, Lucio Gutiérrez, el abogado Pablo Guerrero y la legisladora suplente del PSP Alejandra Cevallos.

Araújo, que está en prisión preventiva, es señalado como el instigador del alzamiento, que según el Ejecutivo ecuatoriano fue un intento de golpe de estado.

Guerrero y Cevallos entraron presuntamente con un grupo de manifestantes de forma violenta en la sede de la cadena estatal Ecuador Televisión, por lo que están siendo investigados por un delito de allanamiento de las instalaciones públicas.

Cevallos reclamaba que se le realizara una entrevista en directo, algo que sucedió.

Los procesados podrían enfrentar a penas de entre 4 y 12 años de cárcel, dependiendo de su responsabilidad en los hechos.

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Martes 26 de octubre del 2010

QUIENES ESTABAN AL MANDO DE POLICÍA DAN SU VERSIÓN

QUITO

El testimonio de la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, quedó postergado para un segundo llamado porque se negó a cumplir con esa diligencia a falta de un traductor en la Fiscalía para declarar en quichua, su lenguaje natal.

Tibán fue convocada por el fiscal Gustavo Benítez, encargado del caso que investiga la toma de las instalaciones de Ecuador TV.

La asambleísta fue la primera integrante de la oposición en ser convocada por la Fiscalía para rendir su versión sobre los hechos del pasado 30 de septiembre, en los que supuestamente participó ella y su hermano y ex miembro de la escolta legislativa, Marco Tibán.

Antes de ingresar a la Fiscalía, Tibán dijo que ella y su hermano son perseguidos políticos.

En esta ocasión, Tibán negó ser una de las supuestas instigadoras del intento de golpe de Estado que habría ocurrido el pasado 30-S, para deponer al régimen de Rafael Correa, tal como lo afirma el Gobierno.

Respecto de su supuesta participación, Tibán dijo: "Solo un collage mediocre y barato de TC Televisión, que se no ha investigado para hacer noticia de lo que supuestamente pasó".

Así, la asambleísta anunció que pedirá el material no editado del video que sacó al aire ese canal, en poder del Estado tras su incautación en el 2008, para que le demuestren, dentro de la demanda internacional que presentará, cuándo ella otorgó su respaldo al supuesto golpe de Estado, que no se dio.

Además, exigió a la Fiscalía convocar al mandatario Correa para que rinda su versión, igual que su hermano, Marco Tibán. "Quiero ver detenido a los culpables de no poder manejar un conflicto interno", agregó.

A la diligencia frustrada también acudió el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Marlon Santi, para quien, los juicios planteados en contra de varios dirigentes constituyen un proceso de persecución a las organizaciones sociales.

Desde las 08:00 de hoy, seis ex generales que conformaban la cúpula policial rendirán en la Fiscalía su versión libre y sin juramento sobre lo sucedido al interior del Regimiento Quito, dentro de la investigación del presunto delito de tentativa de asesinato contra Correa.

Los uniformados que acudirán a rendir su versión de los hechos son: Freddy Martínez Pico, Rafael Yépez Cadena, Florencio Ruiz Prado, Jaime Vaca Ordóñez y Euclides Mantilla Herrera.

Ayer, con varios decretos ejecutivos, fueron informados de la aprobación de sus solicitudes para ser dados de baja.

El actual inspector general de la Policía, Nelson Argüello, que el 30 de septiembre era director de la Policía Comunitaria, acudirá esta tarde a la Fiscalía.

MORENO PIDE BAJAR TONO

El vicepresidente Lenin Moreno expresó su apoyo a la instauración de un diálogo nacional, sin incluir a los sectores a los que el régimen llama "golpistas". Ese llamado, dijo a radio Quito, no implica "perdón y olvido" a los responsables de los hechos del 30-S.

Este actual escenario podría –agregó– ser necesario para dar un paso cualitativo en el método de gobernar, con un diálogo basado en el respeto. Reconoció que tanto en el régimen y en la oposición existieron excesos con calificativos fuertes, generalizaciones por lo que ahora es indispensable bajar de tono. "Tal vez lo que debemos cambiar es descalificar actitudes, no personas".

Reiteró que las relaciones entre Iglesia y Estado seguirán cordiales y que toma con mucho respeto sus opiniones.

Araujo seguirá detenido

Fidel Araujo, mayor del Ejército en servicio pasivo acusado de rebelión y vinculado a Sociedad Patriótica, seguirá detenido en la cárcel, luego de que el juez 14° de Garantías Penales, Leonardo Tipán, le negó el pedido de fianza. El juez alegó la gravedad de los sucesos y las circunstancias que rodean la comisión del delito.Negado amparo a Guerrero

El juez 24° de Garantías Penales, Galecio Luna, también negó el amparo de libertad que planteó Pablo Guerrero, implicado en el caso que indaga la toma de las instalaciones de Ecuador TV. Con esa resolución se dejó en firme la orden de detención con fines de investigación y por 24 horas enfrenta Guerrero.Más policías

Wilson Alulema, jefe de estado Mayor de la Policía, dijo que alrededor de 150 policías serían investigados administrativamente por el 30-S, pero el número podría incrementarse cuando lleguen los informes que Asuntos Internos hace en provincias. "Se está identificando a los involucrados y luego se darán las resoluciones pertinentes".

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Sábado 30 de octubre del 2010

Ha pasado un mes desde que ocurrió la sublevación de una parte de la Policía y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). En este tiempo el régimen ha revelado datos para denunciar la supuesta participación de actores políticos en lo que denomina un "intento de golpe de Estado". Aquí un recuento de los hechos de aquel día.

Transcurrían las primeras horas de la mañana del 30 de septiembre. Los estudiantes ya estaban en clases, en las entidades públicas y empresas privadas el personal comenzaba a llegar, y los locales comerciales y bancos se aprestaban a abrir, todo como un día normal.

Sin embargo, ese jueves en los cuarteles policiales hubo un ambiente de tensión, poco antes de las 08:00 los uniformados se tomaron el Regimiento Quito Nº 1. Reclamaban beneficios salariales que -según ellos- se perdían con la aplicación de la Ley de Servicio Público, que fue tratada por la Asamblea Nacional en la víspera.Apenas llegó la noticia sobre el amotinamiento al Palacio de Carondelet, el presidente Rafael Correa salió apresurado hacia el principal recinto policial con el fin de aclarar las dudas sobre la ley, pero en un primer intento los amotinados no lo dejaron entrar. Mientras tanto, los medios transmitían brotes de insubordinación en otros cuarteles del país.

Policías quemaban llantas en medio de las calles y abandonaban la vigilancia de las ciudades, cuyos habitantes quedaron a merced de la delincuencia. Además bloquearon las principales carreteras y puentes. En Guayaquil se desató una ola de saqueos y asaltos, en medio de estudiantes y trabajadores que eran regresados a sus casas.

De vuelta en Quito, Correa lograba en su segundo intento ingresar al sitio donde estaban los amotinados. Desde una ventana dijo que "nadie ha hecho más por la Policía que este Gobierno". Mientras hablaba de incrementos salariales, los manifestantes gritaban "eso lo hizo Lucio (Gutiérrez)", en relación al ex presidente.Ese fue el detonante que hizo estallar en furia a Correa: "¡Si quieren matar al Presidente, mátenme si tienen valor!", decía el Mandatario mientras se abría la camisa y la corbata.

Su reacción exaltó los ánimos de los policías y cuando intentó salir, apoyándose en un bastón, convaleciente de una operación de rodilla, recibió golpes e inhaló gases lacrimógenos que fueron lanzados en su contra.

Su seguridad, que se había reducido a pocas personas, lo llevó al Hospital de la Policía, cerca al sitio del incidente.

Alrededor de las 14:00 los medios audiovisuales privados fueron obligados a plegarse a una cadena "indefinida" e "ininterrumpida", transmitida por la televisión y la radio pública.

Después, ya con la señal del canal estatal Ecuador TV, se informó que regía un Decreto de estado de Excepción por cinco días a nivel nacional.

Veinte minutos después, Correa decía a la Radio Pública que se sentía "secuestrado", que su vida corría peligro y que lo sucedido no era una protesta por aspiraciones salariales, sino un "intento de golpe de Estado". El canal estatal se contacta por teléfono con el director del Hospital de la Policía (no dan su nombre) quien textualmente dice: "Aquí el personal de seguridad está cuidando (al Presidente)… Hemos escuchado que está secuestrado, no lo considero así porque debería estar con personas que lo retengan. Eso no está sucediendo porque estamos observándole al señor Presidente que está, inclusive, comunicándose hacia el exterior", comentó el médico.

Después de las 15:00 se emite un comunicado incompleto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que expresan el respeto al estado de derecho. Una hora más tarde se lee el mensaje completo; en la parte que faltaba los militares pedían que la ley "sea revisada o dejada sin efecto".

Poco a poco comenzaban a llegar las muestras de apoyo de organismos internacionales y presidentes de la región para que se respete la democracia y el orden constitucional.

Los militares salieron a resguardar las calles, pero algunos sitios seguían desguarnecidos.A las 20:00 los medios privados se desconectaron de la cadena y una hora después transmitieron el operativo para sacar a Correa. Militares y policías se enfrentaron a bala.

Cuatro uniformados y un civil perdieron la vida en el fuego cruzado esa noche.Correa llegó al Palacio en medio del júbilo de sus simpatizantes y ante ellos aseguró que "no habrá perdón ni olvido" para quienes lo vejaron.

Posiciones Oficiales

Lenin Moreno

En una entrevista con radio Sonorama, el Vicepresidente no quiso adelantar criterio ayer sobre si hubo un golpe el 30-S. "Eso tiene que determinarlo la justicia", señaló. Antes dijo que le insinuaron asumir el poder.

Vinicio Alvarado

El mismo 30-S, a las 15:15, el Secretario de la Administración negó la posibilidad de un golpe de Estado. En Ecuador TV dijo que se trataba de una demanda puntual de la Policía. Su criterio cambió después.

Doris Soliz

La Ministra de la Política indicó a las 17:11 del 30-S a CNN que "no se trata de un golpe de Estado, es una indisciplina grave que ha movilizado al país". Ahora dice que "no comunicó bien" su mensaje.

Freddy Ehlers

El Ministro de Turismo dijo a las 16:00 del 30-S que Correa estaba "comandando la nación", desde el hospital policial. "Está disponiendo todo lo que se debe hacer", agregó, en referencia a Correa, supuesto secuestrado.

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Miércoles 03 de noviembre del 2010

LOS ACUSADOS POR EL 30-S CUESTIONAN ACCIÓN DE FISCALÍA

Quito

Pese a que son legales los videos y fotografías utilizados por la Fiscalía de Pichincha para involucrar a civiles y uniformados en la revuelta policial del 30 de septiembre pasado, los acusados sostienen que los mismos no son contundentes para inculparlos de un delito.

José García, abogado del teniente Juan Avilés, quien es investigado por el supuesto delito de rebelión, sostiene que la acción de la Fiscalía General del Estado ha demostrado muchas deficiencias.

Explica que la madrugada del 7 de octubre pasado, cuando se realizó la toma de versiones de los agentes involucrados en el delito de rebelión, la Fiscalía se dedicó a presentar fotografías de mala calidad como elementos de convicción para sustentar su acusación. Incluso, relató, hubo cinco o seis casos en los que ni una foto existió como indicio de la acusación.

"En nuestro caso, inicialmente se nos presentó la foto de un policía de línea, siendo mi defendido un oficial. Horas más tarde, esa imagen desapareció y en la audiencia se vinculó a Avilés sin una foto. Ahora dicen que hay un audio que revela que mi auspiciado participó de la revuelta. Hemos pedido esas pruebas y no nos las entregan. Eso simplemente es porque no existen", señala García.

El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, defiende la actuación de sus compañeros. Asegura que cada uno de los fiscales que están en los casos han respetado el debido proceso y han valorado objetivamente cada uno de los elementos que se han presentado.

Aclara que todo lo que se ha utilizado en el proceso, hasta el momento, son elementos de convicción que han ayudado a señalar indicios de responsabilidad penal en los involucrados y que dependerá de los resultados de las pericias que se realicen a cada uno de esos videos, fotografías y audios, para que estos se eleven a la categoría de prueba y sirvan así para formular cargos ya en el inicio de un juicio penal.

El penalista Gonzalo Silva sostiene que ha existido apresuramiento de la Fiscalía para señalar responsables.

Califica como ilegal el uso de videos y fotografías, ya que, señala, estas pueden servir para apuntar culpables solo en los casos de delitos flagrantes, es decir, son válidos hasta 24 horas después.

Freire discrepa de esa apreciación y explica que legalmente la normativa le permite valerse de los medios de comunicación para tener imágenes fotográficas y en video de algo que fue público y que todos conocen.

El juez 21º de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, confirma que no existe ilegalidad en el uso de estos elementos de convicción por parte de la Fiscalía.Reconoce que el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal habla de que toda intercepción y grabación debe ser autorizada por un juez; pero comenta que el artículo 151, numeral 1, último inciso, de ese mismo cuerpo legal, señala casos especiales.En el articulado se aclara que "en aquellos casos de grabaciones o filmaciones realizadas a un hecho constitutivo de infracción registrada de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución por los medios de comunicación o por cámaras de seguridad ubicados en lugares públicos, le servirá al Fiscal para integrar la investigación e ingresar al juicio como elemento de prueba para su valoración, y no se requerirá de autorización de un juez competente".

Para García, lo anormal no está en el uso de esos recursos para involucrar a una persona, sino que lo poco profesional es que con tan débiles indicios de responsabilidad se pida al juez que dicte orden de prisión preventiva contra alguien para investigaciones.

"La Fiscalía tenía dos años para investigar, pero en menos de un mes, creo por presiones, ya lleva a 21 policías detenidos, casi todos bajo el supuesto de que son culpables con base en videos especialmente. Esto deja abierta la posibilidad de que se inicien juicios por violentar procesos", agrega el jurista.

En tanto, Freire no cree que exista la posibilidad de demandas internacionales, porque la institución ha procedido como manda la ley.

Insiste en que se está respetando el debido proceso y que se investiga de forma objetiva, expresa el principal de la Fiscalía de Pichincha.

Rita es esposa de uno de los cabos acusados del delito de rebelión. Ella afirma que no quiere dar su apellido porque teme que contra su marido se tomen represalias, pese a que ya se encuentra en estado de disponibilidad en la Policía Nacional. "Dentro de la Policía hay un sentimiento de persecución, que nadie quiere hablar de nada para que no haya sanciones", indica.

La quiteña de 38 años cuenta que a su esposo lo vincularon con lo sucedido el 30 de septiembre en el Regimiento Quito Nº 1, por unos videos en los que se lo ve aplaudiendo y haciendo gestos como muchos otros compañeros.

"El video más largo tiene diez segundos y en él no se ve el cometimiento de un delito. Si a mi esposo lo acusan de rebelión, estoy más que segura que también deberían hacerlo contra los más de cien policías que se ven en la imagen. La mayoría de ellos hace lo mismo que mi esposo: gritar, alzar las manos y aplaudir", manifiesta Rita.

Coba explica que las partes tienen 90 días para encontrar pruebas que expliquen al juez competente que existe un delito o que el inculpado no tiene nada que ver en el hecho.

"El día que se dé la audiencia de dictamen el fiscal deberá demostrar que sus indicios son contundentes para iniciar un juicio. Por ahora no existe nadie culpable", concluye.

Monografias.com

04/10/2010 | 13:52

Quito (CRE).-

El presidente de la ECUARUNARI, Delfín Tenesaca, responsabilizó al Primer Mandatario de los hechos suscitados el pasado 30 de septiembre, que dejó ocho muertos y varios heridos hasta el momento.

"Parece que el Presidente (Rafael Correa) prensaba que iba a pasar como en Hondura o Venezuela, donde la ciudadanía iban a rescatar a su Mandatario para devolverlo al Palacio de Gobierno (…). Parece que quería hacer eso, pero resulta que no resultó y más bien generó problemas", sostuvo.

"Creo que si el hubiera tomado otra actitud, no tuviéramos tenido ocho muertos, y ahora no se quien solidariza a las ocho muertos, quien los recupera", reiteró.

Tenesaca enfatizó que se debe dejar de polemizar en el tema, para proceder a buscar posibles soluciones como convocar a los ecuatorianos para encontrar una salida que lleve a una verdadera democracia.

Por último, sostuvo que al Primer Mandatario le esperarían más problemas, ya que está por entrar en nuevo debates en la Asamblea Nacional, las leyes de Comunicación y Medio Ambiente, según el informe de John Cárdenas, reportero de CRE Satelital.

Monografias.com

Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 – 23:24

Redacción Quito – MCV

REVUELTA POLICIAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE

CORREA NO MENCIONÓ A CARRIÓN EN SU VERSIÓN

En siete páginas remitidas al fiscal Luis Enríquez, el presidente Rafael Correa presentó su informe sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre en el Regimiento Quito 1 y en el Hospital de la Policía.

No hay datos nuevos en la declaración presidencial. El mandatario relata que acudió al recinto policial tras conocer que existían protestas de los gendarmes relacionadas con las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público discutida el día anterior por la Asamblea.

Al conocer que otros cuarteles plegaban a la medida, decidió acudir al sitio "porque tuve conocimiento de que lo único que ocurría allí era una protesta de carácter laboral y que respondía a la falta de información respecto del alcance de la mencionada Ley de Servicio Público, por lo que consideré que mi presencia sería suficiente para esclarecer cualquier duda al respecto".

"Jamás imaginé -dice él- que lo que se fraguaba era un golpe de Estado y que posteriormente derivó en un atentado cobarde en contra de mi integridad y mi vida".

En el documento especificó que no llegó al Regimiento predispuesto a confrontar con los manifestantes sino para solucionar el problema desmintiendo los argumentos que generaban el descontento.

Pero que fue recibido con gases lacrimógenos durante el primer intento por tranquilizar a los manifestantes. En la segunda ocasión que buscó entrar al Regimiento también fue agredido con el impedimento de que la mayor parte de su seguridad ingresara al lugar.

El Presidente admite que se salió de casillas ante los pedidos de que derogue la ley "a cambio de deponer su actitud y permitirme salir con vida de allí, al tiempo que gritaban eso hizo Lucio".

Reaccionó diciendo que no firmaba nada por la fuerza y que si querían lo mataran, pero que no iba a ceder. Hace alusión a los golpes, agresiones y bombas que le lanzaron en ese sitio, sin que sus agresores consideraran que atravesaba por un período de recuperación al haber sido operado de la rodilla derecha "en la cual tenía 25 puntos de sutura y caminaba ayudado de una muleta".

Cuando cuenta cómo ingresó al hospital policial, el mandatario no menciona que el coronel César Carrión, director de la casa de salud, hubiese impedido su ingreso a ese sitio. Lo que dice es que cuando ya no podía mantenerse en pie tuvo que ser trasladado a emergencias del hospital entre las 10:00 y las 11:00 donde, tras recibir amenazas contra su vida y ser impedido de salir por policías y personas infiltradas, recibió oxígeno y desinflamantes para su rodilla.

Por varias ocasiones menciona que recibió informaciones que alertaban de la intención de matarlo. Lo supo, dice, por interceptación de conversaciones entre los sublevados. La intención de acabar con su vida también estuvo presente, según él, durante la balacera que precedió su salida del Hospital de la Policía conseguida por cerca de 800 miembros del Ejército.

El informe del mandatario, por disposición del fiscal Washington Pesántez, será distribuido a todos los fiscales que investigan los presuntos delitos derivados de la huelga policial.

Los detenidos por 30-S ya suman 32Con la detención de 13 policías en Guayas y el arresto de Luis Montece y Luis Beltrán, implicados en el caso de presunta rebelión por la huelga policial del 30 de septiembre, son 32 los uniformados que guardan prisión. Uno de los policías, Santiago Padilla, recibió la sustitución de la medida cautelar. Hoy, a las 16:30, Patricio Armijos, abogado de 12 policías  pedirá al Consejo de Clases y Policías suspender el trámite administrativo en su contra. Mientras que ayer acudieron a dar versión ante el fiscal Jorge Cano, los ex jefes del Regimiento Quito 1, Julio Cueva, Edwin Echeverría y José Rivadeneira. En el caso del cierre del aeropuerto Mariscal Sucre, el fiscal Iván Ron, citó para hoy a las 10:00 al ministro de Defensa, Javier Ponce. También llamó a los comandantes Leonardo Barreiro, Aland Molestina y Patricio Cárdenas.El martes concluyeron los consejos de disciplina aplicados a 135 militares del Ala 11, acusados de interrumpir las actividades en el aeropuerto. De ellos 52 fueron sancionados con faltas leves, 43 con graves, 2 castigados con falta atentatoria y 89 absueltos.Pedro Haro, abogado de los 135 uniformados dijo que demandarán al segundo comandante del Ala 11, Antonio Puga, por haber incitado a la toma del hangar presidencial. Aseguró que hay irregularidades en su actuación, dado que emitió el informe acusatorio a los militares y también impuso sanciones. "Debe excusarse para no ser juez y parte", expresó. (MCV/ETE)

Malestar en gendarmes detenidos por participar en el cierre del puenteCuatro horas con veinte minutos después de haberse instalado la audiencia de formulación de cargos por los sucesos del 30 de septiembre en el juzgado décimo octavo de lo Penal del Guayas, situado en Durán, la desazón reinó entre los policías acusados de protestar y causar caos y disturbios en el puente Rafael Mendoza Avilés y en los alrededores del regimiento policial de Guayaquil."Esto es injusto, están haciendo pagar a justos por pecadores", expresó un gendarme con rango de sargento, quien caminaba junto a algunos de sus 12 compañeros, contra quienes el juez Julio Vásquez, acababa de dictar las órdenes de prisión preventiva.La medida cautelar había caído también sobre el vigilante de la Comisión de Tránsito del Guayas, Kléber Cinchiguano, acusado de haber apoyado la protesta en Guayaquil.La noche había caído sobre  la ruidosa avenida Sibambe, del centro de Durán, donde queda el juzgado, pero era más negra para los agentes que bajaban del juzgado con dirección a los calabozos del GIR y del GOE. Uno de ellos tapó su cara con hojas de periódicos, mientras era escoltado por 4 agentes de civil hacia un patrullero. Otros caminaron hacia los carros policiales con rostros desencajados y sin decir una sola palabra a los periodistas que aguardaron desde las 14:00 por los resultados de la diligencia.

El juez Vásquez también bajó y presuroso subió a su vehículo, sin pronunciarse. Contrariamente, el fiscal René Ormaza declaró a la prensa que con vídeos y fotografías facilitados por los medios de comunicación y por las  autoridades policiales, además de testimonios, lograron demostrar al juez los indicios de responsabilidad de los uniformados.

Ahora, los trece implicados deberán demostrar su inocencia. (JAA)

1.- Todos los ecuatorianos, nos hemos dado cuenta, que el frágil estado ecuatoriano, sin mayor cultura política, ni consistencia democrática, es incapaz de resistir movimientos de inestabilidad política como la del pasado 30 de septiembre del 2010.

2.- En uno de los primeros análisis de ésta crisis política, manifestaba, que sus orígenes tendían a debilitar, no sólo al sistema democrático, sino a sus principales instituciones, muchas de las cuales adolecen de una fragilidad que espanta, como es el caso de la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Policía Nacional y en menor escala las FF.AA. Nacionales

3.- El Poder Judicial continúa siendo un lastre demasiado pesado como para superar su crisis, que la arrastra desde unos treinta años y no da muestras de cambio o superación.

4.-Existe una mayor profesionalidad en las FF.AA.

5.- Es en este medio, de inestabilidad mundial y nacional, donde se desenvuelve, nuestra democracia representativa que no implementa una pedagogía promocional, en el electorado nacional, como para que pueda ser defendida o rescatada, de crisis como la que nos ha tocado enfrentar desde el 30 de septiembre

1.-Se ha encontrado graves fallas en sus estamentos que se los vincula con la vital "Inteligencia Nacional", sin la cual carece de peso y poder, en la defensa de la Soberanía Nacional.

2.- Los organismos de seguridad, como la Policía Nacional, continúan manteniendo un divorcio con la sociedad, que se ha venido acentuando en los últimos años, en todo caso sería bueno unas estrategias de involucrados para con la sociedad

3.- se podrían superar los obstáculos que convirtieron al ex-Congreso Nacional, en un organismo inútil, pero en realidad poco o nada ha variado.

4.- tiene que ver con el fortalecimiento del Poder Judicial y en Legislativo,
así como la necesidad de una reingeniería urgente en la Policía
Nacional y en la "Inteligencia Nacional", que nos puede llevar a un
desastre en pronóstico reservado

 

 

Autor:

Sergio Orrala Pita

Edison Alfonzo

Mario Tumbaco

Dennys Carpio

Ronald Reyes

Paraleloenviado Por:

Abogado Arturo Clery

:

2/1 DE ING. EN MARKETING

AÑO

2010 – 2011

Partes: 1, 2
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